El mundo parece encontrarse en una lenta transición desde la ilegalidad de una muy amplia lista de drogas hacia una gradual legalización.

por Eugenio Guzmán y Klaus Schmidt-Hebbel

La delincuencia es el tema de mayor preocupación entre los chilenos: 47% de los entrevistados en la encuesta CEP declara que es la primera prioridad. Ello es coherente con el aumento de la delincuencia en las dos últimas décadas. Sólo a modo de ejemplo: respecto de las denuncias de delitos como robos con y sin violencia, violencia sexual y robos de vehículos, Chile está entre los países de mayor incidencia en el mundo. Si bien las tasas de victimización –que los expertos prefieren por su mayor confiabilidad – han tendido a la baja en los últimos años, siguen siendo superiores a las de los países de la OECD.

La delincuencia incide negativamente en el bienestar de las personas y constituye un impuesto implícito al emprendimiento, a la inversión y al consumo, cuyos costos directos e indirectos (en gasto, producto, inversión y bienestar humano y social) son muy elevados y crecientes en el tiempo. Para Chile hoy se estiman en torno a 2,2% del PIB.

En los últimos 20 años, sucesivos gobiernos han adoptado importantes reformas y destinado crecientes recursos para reducir la delincuencia, pero sus resultados no han sido los que se esperaban. Ciertamente ello no solo refleja las fallas de diseño y ejecución de políticas antidelincuencia sino también refleja debilidades socioculturales y económicas tales como la pobreza y el bajo capital social.

La delincuencia es un fenómeno multidimensional; luego, una propuesta orientada a reducirla debe ser integral. Por ello, hemos propuesto abordar el tema en cuatro dimensiones complementarias: reformas institucionales transversales, políticas preventivas (Carabineros, diseño urbano y participación ciudadana), políticas de persecución penal (reformas de los códigos Penal y Procesal Penal, así como del sistema procesal penal en su conjunto) y políticas de rehabilitación. Reducir significativamente las altas tasas de delincuencia requiere cambios sustantivos en el marco legal, el trabajo individual y la coordinación de las instituciones responsables de la prevención, la detección y la represión de la delincuencia, así como de la sanción y la rehabilitación de los condenados.

En el caso de las drogas ilegales la evidencia mundial sugiere que la ilegalidad influye significativamente en la delincuencia. Ello contrasta con la evidencia médica que muestra que los efectos negativos directos e indirectos del consumo de drogas legales (el tabaco y el alcohol) son mayores o equivalentes a los efectos negativos del consumo de drogas ilegales. Más aún, la “guerra contra las drogas”, librada en el mundo y en Chile, ha fracasado.

Por ello, el mundo parece encontrarse en una lenta transición desde la ilegalidad de una muy amplia lista de drogas hacia una gradual legalización –por ejemplo, ese es el caso de la marihuana en los estados de Colorado y Washington. Sin embargo, para transitar hacia una legalización completa pero gradual es necesario enmarcarse en una estrategia internacional multilateral, que conduzca a la revisión de las actuales convenciones ONU sobre las drogas.

Nuestra propuesta, presentada en el capítulo 18 del libro del Grupo Res Publica Chile, no parte de supuestos éticos o políticos particulares, sino solo del reconocimiento del fracaso de la actual estrategia de prohibición y represión, con sus enormes costos humanos y sociales, tanto en Chile como en el mundo.

La propuesta involucra implementar políticas en dos etapas. Para el corto plazo (1-2 años) proponemos formular una estrategia nacional hacia la legalización y regulación de drogas, además de legalizar y regular un conjunto limitado de drogas. Para el largo plazo (3-10 años), proponemos una revisión de los tratados internacionales sobre las drogas firmados en el marco de las convenciones ONU, de manera de permitir a los países legalizar las drogas actualmente ilegales, sujetas a una regulación y un control estricto de su producción, comercio y consumo. Es posible que la legalización de todas las drogas lleve –por la despenalización y probables disminuciones de precios– a potenciales aumentos en consumo y adicción. Por eso es esencial implementar una nueva política, también radical, de prevención del consumo y de tratamiento de adictos, focalizada en los jóvenes.

Ambos conjuntos de propuestas –una política integral de reducción de la delincuencia y una legalización gradual con estricta regulación de las drogas actualmente ilegales– tendrán efectos netos positivos sobre la seguridad ciudadana, el bienestar de la población y el desarrollo económico y social de nuestro país.