por: Nicolás Figueroa - Andrea Repetto | 95 propuestas para eun Chile mejor

LA EFICIENCIA de los mercados depende crucialmente de que los consumidores activamente empujen a las empresas a ofrecer bienes y servicios cada vez más variados, de mayor calidad y a menores precios. Sin embargo, diversos motivos limitan la capacidad de los consumidores para imprimir competencia en los mercados.

Muchas de las promesas implícitas en el modelo económico dependen de una competencia efectiva en los mercados. Por tanto, en la agenda de Chile hacia un auténtico desarrollo no puede desentenderse de dos ejes que interactúan: la institucionalidad que promueve la libre competencia y la institucionalidad que protege a los consumidores.

Existe un razonable acuerdo de que nuestra institucionalidad para la libre competencia está bien consolidada y que sus buenas prácticas han ganado reconocimiento a nivel internacional. Sin embargo, existe espacio para ser más agresivos en las sanciones a prácticas como la colusión. Para evitar prácticas anticompetitivas, es necesario que las multas y sanciones sean auténticamente disuasivas. Dado que las acciones no competitivas no siempre son descubiertas y que no todas las veces es posible probar culpabilidad, es necesario que las sanciones sean significativamente mayores que las ganancias que estas prácticas le generan a la empresa. Sólo así serán realmente disuasivas. Es por eso que, en el marco del trabajo del Grupo Res Publica Chile, hemos propuesto elevar significativamente las sanciones, haciéndolas proporcionales a las ventas (y no a las ganancias, porque éstas son difíciles de estimar), y permitir la posibilidad de sanciones penales a los responsables.

En cuanto a protección al consumidor, nuestra institucionalidad es todavía débil. Por ello proponemos una nueva institucionalidad para el Sernac, que lo transformaría en un símil de la Fiscalía Nacional Económica, pero con la misión de defender los intereses de los consumidores. Así, el Sernac, además de convertirse en una ventanilla única de reclamos, podría investigar aquellos casos que estime pertinentes, además de buscar acuerdos extrajudiciales o, en último caso, hacerse parte en un juicio, como ya lo puede hacer hoy. Ello requeriría de un aumento sustancial en los recursos con los que cuenta en la actualidad.

Si bien ha habido avances en esta materia, como la simplificación del proceso de revisión judicial de la admisibilidad de los casos, aún queda camino por recorrer. El debate legislativo en Chile en esta área podría caricaturizarse como el de un delicado balance entre la creación de una “industria del reclamo” y una “industria del abuso”. El balance conseguido no pareciera proteger suficientemente a los consumidores.

Por ello sugerimos un nuevo sistema de cálculo de multas a los infractores e indemnizaciones a los afectados. Proponemos que los jueces que revisan estas causas puedan exigir multas y compensaciones hasta por tres veces el daño infligido -multas altas para inhibir la conducta-, pero que los consumidores reciban sólo el equivalente a una vez ese daño. La remuneración para los abogados que inician y llevan las causas sería una fracción de las dos veces de diferencia entre multas y compensaciones. En este marco, el resto quedaría en favor de las arcas fiscales.

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