Una descentralización efectiva requiere avances paralelos en lo político, administrativo y fiscal. Sin elección directa de las máximas autoridades regionales, el proceso pierde credibilidad.

Poderosas razones recomiendan avanzar hacia una descentralización efectiva en Chile. La creciente complejidad de las políticas públicas y las asimetrías de información que afectan a los decisores de política del nivel central sugieren adoptar el principio de subsidiariedad vertical, permitiendo que las políticas públicas se adopten y ejecuten en el nivel de gobierno más descentralizado posible. Adicionales fundamentos para descentralizar emergen del ámbito político: favorecer la legitimidad democrática de las políticas públicas desplegadas en la región y de las autoridades que las impulsan, permitir el surgimiento de un “mercado político” regional que impulse la renovación de liderazgos y contribuya a la oxigenación de la política a lo largo del país.

Chile, país híbrido en cuanto al origen de sus autoridades subnacionales (alcaldes y concejales coexisten con intendentes designados) se muestra como uno de los países más centralizados del mundo, factor que, de acuerdo a creciente evidencia comparada, puede lastrar las perspectivas de desarrollo económico y social, el que, por el contrario, se ve favorecido cuando se descentralizan decisiones que potencian iniciativas multipolares.

Una descentralización efectiva requiere avances paralelos en lo político, administrativo y fiscal. Sin elección directa de las máximas autoridades regionales el proceso pierde credibilidad y se reduce, como hasta ahora, a una forma de gestión desconcentrada dependiente del nivel central. La elección de autoridades desencadena el proceso, lo hace irreversible y demanda reformas en el plano administrativo y fiscal que doten a las nuevas autoridades de la capacidad de gestión autónoma que permita responder al mandato popular regional. Estas reformas, de suyo complejas, exigen una amplio consenso político, diseño de detalle y un cronograma que permita gradualidad en su puesta en marcha.

En el campo administrativo, se recomienda la asignación de competencias en bloque a los nuevos gobiernos regionales, lo que mitigará, pero no eliminará nunca los riesgos de traslape o la necesidad de establecer mecanismos de coordinación, cooperación y solución de conflictos de competencia entre los distintos niveles de gobierno.  En el campo fiscal, la descentralización suele despertar temores derivados del riesgo que supondría para la estabilidad macroeconómica y la centralidad en el control del gasto público. Sin embargo, la experiencia internacional ofrece ejemplos de cómo un diseño adecuado puede y debe alcanzar el objetivo de generar espacios de autonomía regional en la generación de ingresos tributarios y en la definición de un marco estricto para el endeudamiento, sin amenazar el correcto manejo de las finanzas públicas.

La necesidad de concitar amplios consensos políticos, por un lado, y la de diseñar un proceso gradual y complejo, hace recomendable la constitución de una comisión asesora transversal de alto nivel político y técnico que, bajo un mandato y plazos acotados, contribuya a definir el alcance de la descentralización y su hoja de ruta.  Esa comisión, al estilo de lo que fue el positivo trabajo de la llamada Comisión Marcel en materia previsional, debiese ofrecer al nuevo gobierno, a mediados del 2014,  las bases de una reforma legal que debiese concretarse, a más tardar, a inicios del 2016.

En las últimas décadas, no han faltado discursos ni declaraciones de voluntad en torno a la descentralización. Los avances concretos, sin embargo, han sido muy menores. Por ello, un proceso descentralizador creíble y eficaz debiese estar precedido de una decisión política fundamental e irreversible: el llamado a elección popular de las autoridades regionales para octubre de 2016, coincidiendo con las próximas elecciones municipales.

Por: Alejandro Ferreiro – 95 Propuestas para un Chile mejor