por Dante Contreras- Vicente Espinoza-Andrea Repetto-Andrea Tokman

La mayor parte de los ingresos de los hogares proviene del trabajo, de forma que para sus integrantes, la pobreza y la desigualdad se asocian en gran medida con la oportunidad de participación en el mercado laboral y las destrezas laborales que poseen. En los hogares pobres, el 70% de los jefes de hogar (en su mayoría mujeres) no tienen empleo: contar con un trabajo remunerado contribuiría a reducir sustantivamente la pobreza de sus hogares. La desigualdad del ingreso también refleja la distribución de los salarios: la gran mayoría percibe remuneraciones muy bajas y un grupo minoritario obtiene salarios sustancialmente mayores.

Expandir las oportunidades laborales de los trabajadores -más empleo y destrezas laborales adecuadas- conforma una parte esencial de las políticas que favorecen la equidad y la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad. Las propuestas destacadas en esta columna, que no intentan dar cuenta de todos los factores que producen pobreza y desigualdad, se refieren a programas que apuntan a elevar la empleabilidad e ingresos de las personas más vulnerables. En particular nos concentramos en dos áreas sensibles: las políticas de transferencias monetarias asociadas al empleo y el sistema de capacitación e intermediación laboral.

Las transferencias monetarias deben asociarse con incentivos al empleo de quienes actualmente no participan en el mercado laboral, para tener un efecto sostenible en el bienestar de los hogares. Una extensión significativa del actual Bono al Trabajo de la Mujer producirá un claro impacto positivo en el empleo e ingreso de las familias más pobres. El bono al trabajo de la mujer incrementa el ingreso de las trabajadoras, a la vez que reduce el costo para los empleadores. Con ello se logra el efecto deseado de aumentar simultáneamente la participación laboral, mejorar los ingresos y reducir el desempleo de las mujeres vulnerables. En su nuevo diseño, el bono no debiera establecer límite de permanencia para recibir el beneficio, junto con  extender el programa hasta el 50% de los hogares. Las herramientas de focalización también debieran revisarse para evitar la estigmatización de los más pobres. La información administrativa disponible para los hogares permite “cortar por arriba”, vale decir,  identificando a quienes no tienen derecho al beneficio y otorgando acceso irrestricto al resto.

El panorama actual de la capacitación laboral es desalentador. La comisión de expertos convocada en 2011 mostró sus déficits en términos de equidad, en la eficiencia para lograr sus objetivos y en la efectividad de sus resultados. Parte del problema tiene que ver con recursos insuficientes, los que debieran duplicarse manteniendo la proporción entre las modalidades existentes –franquicia tributaria, trabajador activo y grupos vulnerables. Los instrumentos con los que se asignan los recursos públicos para capacitación también demandan modificaciones. La actual franquicia debiera sustituirse por un gasto de partida presupuestaria general. El destino de los recursos debe favorecer la equidad, apuntando a los trabajadores de menor ingreso.

La mayor disponibilidad de recursos requiere un mecanismo eficaz de aseguramiento de la calidad. El requisito de acreditación Sence deberá incorporar medidas de impacto de la capacitación. La creación de Consejos Sectoriales de Competencias permanentes garantizará la  pertinencia de los cursos, así como la  idoneidad de los oferentes. Finalmente, se plantea avanzar hacia la integración del sistema de capacitación con la educación técnica profesional, mediante el desarrollo de un Marco de Calificaciones.

Un sistema de capacitación reformado debiera vincularse estrechamente con el sistema público de intermediación laboral, creando una oferta graduada de servicios según las necesidades de cada beneficiario, con una oficina especial para los trabajadores más rezagados. Proveedores públicos y privados entregarían servicios de intermediación y asesoría de capacitación financiados por bonos licitados por áreas geográficas, con incentivos a la intermediación exitosa de trabajadores con mayores dificultades.

El conjunto de propuestas potencia la acción del Estado en el mercado laboral, contribuyendo así a reducir la distribución desigual de las oportunidades de empleo y de capacidades laborales que caracterizan el mundo del trabajo. De esta forma, contribuyen a reducir la pobreza en los hogares, protegen a las familias vulnerables a la pobreza, y promueven la productividad y el desarrollo económico.