Chile requiere una política de cohesión territorial que tenga como uno de sus pilares, el objetivo explícito de reducir las diferencias que actualmente se registran tanto entre regiones como entre territorios al interior de éstas. 

Las movilizaciones ciudadanas de los últimos años en Magallanes, Aysén, Freirina, Quellón, Corral y Tocopilla han visibilizado esa necesidad, colocando esta dimensión de la desigualdad chilena en un lugar prominente de las preocupaciones del país.

Asimismo, la labor que por mucho tiempo vienen desarrollando distintos centros de investigación públicos y privados[2] ha posibilitando consolidar conocimiento y propuestas de política que permitirían -en el mediano y largo plazo- reducir las brechas que actualmente se registran.

El proyecto Nueva Agenda Regional busca ser un aporte en ese sentido, al sistematizar un diagnóstico, plantear un plan de acción y realizar propuestas sectoriales que posibiliten avanzar hacia un desarrollo que siente las bases para que personas de distintos territorios puedan ejercer derechos y acceder a oportunidades en un marco de igualdad.

Berdegué, Fernández y Mlynarz (2013)[3] sintetizan este esfuerzo en un documento que plantea que:

• En el escenario político actual están dadas las condiciones para avanzar en la superación de la desigualdad territorial.

• La estrategia de regionalización y descentralización de las últimas décadas no es suficiente.

• Debe darse prioridad a la cohesión territorial, poniendo recursos y capacidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los municipios en pos de este objetivo.

• Tal como plantea el proyecto, debe diseñarse y ejecutarse una estrategia integral de desarrollo con cohesión territorial. Cabe destacar que esa estrategia debe llevarse adelante en un contexto de descentralización política, fiscal y administrativa. Para ello se propone:

• 1. Elección de intendentes o presidentes regionales por sufragio universal.
  2. Transferencia de competencias desde los servicios de fomento productivo (Corfo, Indap, Sence, Sercotec y Sernatur) y del Serviu a los gobiernos regionales. Esta, pudiendo ser gradual, debe ser completa y debe acompañarse por el traspaso de los correspondientes recursos materiales, presupuestarios y humanos.
  3. Avanzar hacia la descentralización fiscal, generando la posibilidad de que existan impuestos de origen y destino regional, y estableciendo presupuestos regionales cuyo detalle vaya en la misma ley de Presupuestos que anualmente se discute en el Congreso.
  4. Crear una ley un Fondo de Convergencia Regional que tenga por propósito la reducción de brechas en dimensiones como educación, salud, trabajo y género, estableciendo niveles mínimos de bienestar, ejercicio de derechos y acceso a oportunidades para todos los territorios.