Los ministerios de Hacienda y Medio Ambiente debiesen determinar los montos de los impuestos, así como llevar un registro de las empresas autorizadas a emitir créditos de reciclaje.

La producción y consumo de bienes genera residuos cuya disposición final es costosa para nuestro país y el planeta, pero los productores y consumidores preferimos ignorarlo al momento de tomar nuestras decisiones.

Por un lado, existen costos directos de realizar la disposición final de residuos en rellenos sanitarios (costo de recolección, administración, costo de oportunidad de los terrenos, etc), y por otra parte, existen una serie de costos ambientales, relacionados con problemas en la calidad del agua, en la vegetación y la fauna, la alteración de las propiedades físicas, químicas y de fertilidad de los suelos, la emisión de gases de efecto invernadero, enfermedades provocadas por vectores sanitarios, deterioro anímico y mental de las personas directamente afectadas por la cercanía de residuos, y contaminación acústica derivada del transporte de residuos, entre muchos otros.

Los datos no mienten. Falta conciencia de estos costos y lo que se ha hecho hasta ahora por reducirlos no ha bastado. Según datos de la OCDE, menos de 1% de residuos municipales generados en 2009 fue reciclado en nuestro país. Por eso, aparecemos últimos en el ranking de esos países, cuyo promedio es de 34,2%. Según el Ministerio del Medio Ambiente (2011) la cifra sería cercana al 10%. Como sea, ambas cifras son minúsculas y nos deja igual en la parte más baja del ranking de estos países.

Lo positivo, es que por fin estamos empezando a hablar del tema. El proyecto de ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor) y que fue enviado en agosto de 2013 al Congreso es un avance y valoramos la iniciativa, pues refleja una creciente preocupación por el tema. El proyecto establece que para un conjunto de productos ‘prioritarios’ (aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, diarios, envases, medicamentos, neumáticos, pilas y baterías, plaguicidas caducados y vehículos), los productores e importadores serán responsables de cumplir con metas de recolección de sus residuos y su adecuada disposición.

El principal defecto de este tipo de regulación, aplicado en varios países del mundo, es su inflexibilidad e ineficiencia: exige la misma meta a todos los productores e importadores de un mismo bien sin considerar que el costo de disposición/reciclaje puede variar significativamente entre ellos. Esto puede significar una desventaja competitiva para las empresas más pequeñas en relación a las grandes o para potenciales nuevos participantes.

Frente a este escenario, en ‘95 Propuestas para un Chile mejor’ presentamos una alternativa novedosa que ha impulsado el experto Rodrigo Harrison en sus últimos trabajos académicos. Se trata de una combinación de impuestos a la producción y créditos transables al reciclaje. Puede lograr las mismas metas globales de reciclaje, de modo más eficiente, con menor carga para el Estado, sin los potenciales problemas competitivos y propiciando una profundización del mercado del reciclaje.

En concreto, se propone:

1. Gravar la generación de residuos, con impuestos específicos, a todos los bienes que generan desechos de costosa disposición o reciclaje.
2. Simultáneamente, establecer el derecho de las empresas recicladoras a emitir y vender créditos transables a las empresas productoras de bienes, por unidad reciclada o dispuesta en forma segura en un lugar destinado a ello.
3. Los productores (e importadores) de los bienes originales adquieren a precios de mercado los créditos emitidos por los recicladores y tienen el derecho de rebajar del pago del impuesto específico a la producción (e importación) de bienes los créditos que adquieren de los recicladores.
4. Establecer junto a este instrumento de mercado una serie de normativa adhoc, que permita por ejemplo, normar y clasificar los tipos de empaquetados de los productos afectos a impuestos para identificar grados de “reciclabilidad” (qué tan costoso hacen el reciclaje). Con la implementación de una escala de certificación se podría admitir que productos con mayor grado de reciclabilidad pudiesen descontar mayor nivel de impuesto por cada crédito.
5. Completar, con medidas de información y educación. Por ejemplo, mejorar los etiquetados podría hacer que los consumidores prefieran productos de más fácil reciclaje. Si además va acompañado demayor disponibilidad de puntos limpios, el resultado será mejor aún.

Al igual que el proyecto REP, nuestra propuesta requiere de una institucionalidad a cargo de velar por su correcto funcionamiento. En este caso, los ministerios de Hacienda y Medio Ambiente debiesen determinar los montos de los impuestos, así como llevar un registro de las empresas autorizadas a emitir créditos de reciclaje.

Lo que proponemos debiera implementarse gradualmente, comenzando el primer año con impuestos específicos a bienes de significativas externalidades negativas, como baterías y pilas, neumáticos, equipos electrónicos. Luego, se ampliaría en una lista progresiva, en los siguientes cinco años, hasta cubrir un gran número de bienes con componentes y embalajes de impacto ambiental y costosa disposición en rellenos sanitarios.

El reciclaje no es un capricho de ‘locos con poleras verdes’ como algunos pretenden caricaturizar a los ecologistas. Ni tampoco es una estrategia para captar votos y luego olvidarse del tema. Todos sabemos que sería causa de muerte acumular la basura en nuestras casas, beber agua con jabón o detergente o si dejáramos en nuestros dormitorios las pilas y baterías que hemos usado a lo largo de nuestras vidas. Si coincidimos en este diagnóstico, ¿por qué entonces no tomarnos en serio el reciclar? Estamos hablando de cuidar nada más y nada menos que nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos. Por eso, Chile debe avanzar con urgencia máxima en políticas públicas eficientes que logren mejorar nuestros pobres niveles de reciclaje.

Por: Andrea Tokman – 95 Propuestas