Coordinador general del Grupo Res Pública Chile analiza las propuestas de delincuencia y seguridad pública de los postulantes a la presidencia.

Hoy al mediodía, Klaus Schmidt-Hebbel tiene previsto llegar a Chile, desde Canadá, para participar en las elecciones. El académico de la U. Católica, presidente del comité consultivo de los Fondos Soberanos de Chile y coordinador general del Grupo Res Pública, viajó el miércoles a Ottawa para participar en la Conferencia Anual del Banco Central de Canadá. Horas antes de este viaje, el padre de Diego Schmidt-Hebbel, asesinado en 2008, conversó con La Tercera sobre las propuestas sobre delincuencia y seguridad pública de los candidatos presidenciales.

“Las propuestas en materia de seguridad ciudadana de ambas candidaturas principales son muy complementarias (…). Hacen un diagnóstico similar al nuestro. Vale decir: que la delincuencia es multicausal y que las instituciones, las políticas y los programas que tratan con la delincuencia, presentan muchas debilidades”, sostiene. Recalca que, los programas de Michelle Bachelet y Evelyn Matthei identifican, “con acentos distintos, las debilidades sistémicas en prevención, persecución penal y rehabilitación”. Desde la tribuna de Res Pública -grupo que formuló 95 propuestas sobre temas sociales, políticos y económicos-, Schmidt-Hebbel analiza la propuesta de Matthei de crear una entidad que siga la labor de los jueces: “Un Observatorio Judicial es una idea simple, que va en la dirección correcta de mayor transparencia, para dar cuenta de las actuaciones de los jueces individuales”.

La propuesta de crear un observatorio generó una fuerte disputa entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, tras lo cual el gobierno resolvió marginarse de esta idea, dejándola en manos de la U. Adolfo Ibáñez. ¿Por qué estima que debiera implementarse?

Porque efectivamente hay algunos jueces que no administran bien la justicia, porque exhiben en sus actuaciones un exceso de garantismo, dificultando o, a veces, derechamente impidiendo, la investigación y persecución penal.

¿Pero considera que el gobierno debiera tomar un rol activo en esto?

Creo que es digno de evaluarse que lo tome el Estado, en vez de un ente privado. Pero eso requiere de un gobierno que cuente con una mayoría en el Congreso y vale la pena estudiarlo bien con el Poder Judicial; ver cómo se puede mejorar en dar cuenta, en su transparencia, en sus actuaciones, frente a la opinión pública.

¿Hubo o no una “intromisión” de parte del Ejecutivo, como lo afirmó el ministro Milton Juica?

Creo que ese argumento es falaz, porque la norma de cómo operan los jueces es una norma legal y puede cambiar. El Ejecutivo tiene todo el derecho de cambiar una ley en materia del funcionamiento del Poder Judicial y respecto de las formas en que este poder debe dar cuenta de sus actuaciones.

Tras estos dichos, el Presidente Sebastián Piñera planteó que se estaban garantizando los derechos de los infractores por sobre los de las personas vulneradas…

Plantearé mi pensamiento personal al respecto (…). Creo que la Reforma Procesal Penal de 2001 se fue un poco, en forma desequilibrada, hacia garantizar más los derechos de los victimarios que de las víctimas. Eso en parte se pretende corregir con la “reforma a la reforma”, o con medidas como el Observatorio Judicial.

Una de las iniciativas que analiza el gobierno es la reforma al Código Penal. ¿Estima que las penas que éste contempla son reparatorias?

Hay reparación, pero imperfecta, porque es desequilibrada. En algunos casos es muy dura y en otros muy blanda, y eso hay que ponerlo de acuerdo a la normativa de una sociedad del siglo XXI y no del siglo XIX, cuando fue redactado.

¿Le llama la atención que los candidatos no hayan hecho propuestas de reforma al Código Penal?

Me sorprende, porque parte de la debilidad del sistema de persecución penal, tiene que ver con la normativa, que falla por todos lados. Esto, además de las debilidades en la actuación individual y la mala coordinación entre las instituciones centrales en la investigación y persecución penal.

Res Pública propone legalizar las drogas, bajo una regulación tributaria que controle el acceso a éstas. ¿Cómo evalúa las propuestas de los candidatos sobre el tema?

Bachelet habla de resguardar mejor las fronteras de Chile respecto del narcotráfico; Marco Enríquez-Ominami del control del tráfico de drogas ilegales en Chile, y Matthei de ambos. Veo coincidencias entre ellos. Respecto de políticas de drogas, Marcel Claude es el único más coincidente con lo que decimos, cuando propone “despenalización y prevención del mercado de todas las drogas”.

Además de fortalecer la vigilancia en las fronteras y las capacidades de fiscales y policías en la lucha contra el narcotráfico, Bachelet propone revisar el reglamento que pone a la marihuana entre las drogas peligrosas. ¿Es esto un avance hacia la despenalización?

Esto es una propuesta convencional respecto de las drogas. Se habla de lucha contra el narcotráfico, quizás revisar la Ley 20.000, pero no habla de despenalizar la marihuana, en ninguna forma.

Para dar mayor atribuciones a las policías, Matthei propone detener a delincuentes sorprendidos en delitos flagrantes, cuando su participación se sospeche a partir de medios visuales, fotográficos o audiovisuales.

Estoy completamente de acuerdo.

¿Pero la captura por medios visuales no es volver a la detención por sospecha?

Estamos hablando de investigación y detención, no de condena (…). Pero si hace referencia a medios visuales, fotográficos o audiovisuales para justificar la detención, me parece una propuesta muy razonable.

¿Usted consideraría reinstaurar la detención por sospecha?

Yo diría que sí, reevaluarlo para volver a integrarlo. Esto es, a juicio mío, no del Grupo Res Pública. En la medida en que se garantice el respeto de los derechos del detenido por sospecha, perfectamente se puede reinstaurar ese instrumento que, creo, era muy efectivo.